El punto de acuerdo consideró que la Comisión Permanente debe exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que informe sobre la transparencia del uso de los recursos, según el acuerdo administrativo secretarial 535, para el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social.
También que la SEP ‘informe a esta soberanía cuáles son los criterios o estudios técnico pedagógicos o científicos que llevan a las autoridades educativas a determinar que ya no haya reprobados en la educación primaria, y en qué basan su decisión ante una consulta a los padres de familia’.
Al tomar la tribuna, el senador Juan Bruno Torio comentó que ya no van a ser los maestros quienes calificarán a los alumnos, sino los padres de familia.
Por eso, añadió, ‘es totalmente absurdo lograr una superación en la calidad educativa y en la calidad personal en los niños y los jóvenes que se están formando’.
Es preocupante, destacó, el hecho de que ningún alumno va a ser reprobado, implica realmente que sigamos golpeando la calidad de la educación, pues precisamente lo que motiva a los alumnos a esforzarse y mejorar su desempeño es el hecho de tener una mejor calificación.
Por ello, consideró que estas medidas son regresivas, por lo mismo ‘necesitamos conocer qué es lo que motiva a la autoridad educativa a fomentar desde la primaria la apatía de un alumno por la lucha o por la conquista de una mejor calificación, motivo de su propio esfuerzo’.
En tanto, el senador del PVEM recordó que el lunes 20 de agosto regresaron a las aulas más de 35 millones de alumnos, muchos de nuevo ingreso, de educación superior, media superior, secundaria, primaria y prescolar, en todo el país.
‘Al analizar la inversión en educación de los países de la OCDE, México no aparece en un lugar indigno, aparece en los primeros seis lugares de más de 30 países, pero cuando nos vamos al aprovechamiento sí andamos cerca del último lugar’, reveló.
El tema educativo, subrayó, tiene dos dimensiones, uno es presupuestario, pues la Asociación de Padres de Familia señaló que son requisito indispensable las cuotas para matricular a los niños. Estas se calculan en siete mil millones de pesos, de las cuales no hay transparencia ni se sabe a dónde va el dinero.
‘El tema es que México destina más de cuatro puntos porcentuales del PIB para educación, pero todo tiene que ver con el gasto corriente con la infraestructura, pero menos del uno por ciento de ese presupuesto va a parar a infraestructura’, refirió.
Se supone que también se destinan al pago de servicios como la energía eléctrica y el agua potable, pero más de 90 por ciento de las escuelas no tienen el servicio regular de suministro de agua potable, resaltó.
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