LA COLUMNA DE VIVEROS
Luis Alberto Viveros
Al fracaso de la Ley Antichatarra a nivel nacional y la Ley de Fomento a la Prevención y Atención a los problemas de Obesidad en Sonora; se suma otro ejercicio de estupidez.
Incapaces los gobiernos federal y de Sonora para lograr la prevención han optado por la represión y peor aún por la usurpación de funciones que competen a los padres de familia.
Hace unas semanas se anunciaba el incremento en la obesidad infantil en el estado en un 30 por ciento y se encendieron los focos de alarma.
La llamada Ley Antichatarra federal y su equivalente en Sonora promovida por Alejandra López Noriega, entonces diputada local, fracasaron rotundamente.
Para suplir el fracaso decidieron las autoridades asumir papel de padres de familia y emprendieron desde ayer la llamada Operación Lonchera.
Reportes periodísticos reseñan este día cómo en diversos planteles escolares, particularmente pre escolar y primaria, se practicó este anticonstitucional operativo.
La intención es evitar que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela con alimentos catalogados como chatarra en las loncheras.
Extrañísimo en este caso que la Asociación Estatal de Padres de Familia presidida por Noé Delgado Molina haya hecho un sepulcral silencio al respecto.
El Estado no puede suplir las funciones de la paternidad, a menos que se trate de casos graves y mucho menos violentar derechos humanos en forma alguna.
La Operación Lonchera es una práctica que violenta el derecho de los padres de familia a decidir la alimentación de sus hijos conforme a su criterio y posibilidades.
Es correcto que en las escuelas se determine de acuerdo a la Ley Antichatarra y la Ley López Noriega lo que se puede vender o no al interior de ellas.
Pero violentar derechos ciudadanos revisando loncheras, decomisando alimentos y asustando estudiantes, no deja de ser otra estupidez.
La primera, fue alterar el reglamento de la Ley de Alcoholes, para inconstitucionalmente, obligar a los ciudadanos de cualquier edad a presentar credencial de elector en la compra de cigarros y bebidas alcohólicas.
La Ley de Alcoholes de Sonora a lo único que obliga y hace bien es a exigir una identificación oficial que acredite la mayoría de edad cuando se van a vender cigarros y alcohol a quien se presuma menor de edad.
De nuevo, el intento del Estado por suplir voluntades ciudadanas, no deja sino pensar en intenciones de totalitarismo y manipulación.
Lo mismo el titular de la Secretaría de Educación y Cultura que el futuro director de Alcoholes debieran reflexionar y dar marcha atrás a estas estupideces burocráticas.
Cuando los gobiernos quieren pueden y cuando tienen funcionarios talentosos las pruebas son claras.
Cito el caso del ISSSTESON en Sonora, donde su directora Tere Lizárraga ha impreso capacidad y creatividad para mejorar las cosas.
Para la prevención –que es la puesta que debe hacer el gobierno- la práctica del médico familiar será invaluable.
Más de 180 mil derechohabientes tendrán la oportunidad de tener atención personalizada por médicos que practicarán en primera instancia medicina preventiva.
La obesidad, como pandemia, entrará en este cuadro de atención y podrá, con la atención debida, ser atendida entre grandes y pequeños.
Sin violentar derechos, el Estado tiene cómo procurar el bienestar de los ciudadanos, la que debe ser su función primordial.
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